Transcurridas tres semanas del paro convocado por la Asociación de Transportadores de Carga, ATC, y al que se han sumado otros pequeños gremios de camioneros, los sectores productivos y los consumidores han comenzado a sentir el impacto de la inmovilización de las mercancías en los sitios de producción y en los puertos, por lo que han aumentado el tono de su exigencia a transportadores y Gobierno para que busquen un acuerdo que conjure este paro y las amenazas de posteriores que pudieren sucederlo, repitiendo la historia reciente de las protestas en el país. La incapacidad de llegar a acuerdos y las confusiones de la opinión pública sobre las demandas y la representación legítima de los camioneros, además del peso impuesto a la sociedad, evidencian las limitaciones de los negociadores actuales y exigen nuevas estrategias que rompan el círculo vicioso.
Todo cese de actividades es una medida de fuerza resultante de la incapacidad de los negociadores para alcanzar acuerdos razonables de parte y parte y del fracaso de la palabra y los argumentos como instrumentos superiores de la democracia. Los principales responsables de esos fiascos son los voceros políticos de las partes, que, por conveniencia o terquedad, se empecinan en provocar y mantener la protesta para lograr el desgaste de su contraparte, por lo general sin evaluar que en él nace su propio debilitamiento. Además, cualquier paro impone riesgos excesivos e inútiles para las causas perseguidas; este paro ha ocasionado vandalismo, choques con otros transportadores, con la Policía y aun con la comunidad, además de encarcelados y hasta la pérdida irremediable de una vida humana.
Este paro vuelve a poner sobre la mesa las diferencias aun no tramitadas entre gremios de camioneros, que parecen defender la misma agenda pero chocan por la disparidad de intereses que separan a los grandes empresarios del sector de los que apenas si sobreviven. Su incapacidad para encontrar y dar mayor peso a los puntos de unión frente a las razones de división, se traduce en que mientras la ATC y los pequeños gremios aliados impulsan la huelga y la movilización camionera, Colfecar se revela como su contradictor y Defencarga simplemente calla, mientras trabaja. Las discrepancias entre líderes ¿o caciques? de pequeños gremios disminuyen la posibilidad de que los transportadores puedan hacer seguimiento y garantizar que el Gobierno cumpla los acuerdos que habrán de construir para llevar la movilización a su final. Este, renovado mito de Sísifo, se escribe con trágica repetición en paros que dejan como perdedores al Gobierno desgastado en difíciles negociaciones, a los huelguistas aporreados en su economía y unidad, y al país, afectado por conflictos gremiales con tinte de pulsos de poder.
